Una pareja de expatriados jubilados en Albox se enfrenta a la demolición de su casa

Una pareja de expatriados jubilados en Albox se enfrenta a la demolición de su casa a pesar de tener permiso de construcción.

Noel y Christine Payne, ambas en sus 70 años, fueron informadas por la policía el día de Navidad de 2009, que su casa en el barrio rural de Los Guillenes era ilegal ya que contravenía las leyes de planificación regional.

 

La pareja recibió la noticia seis años después de obtener una licencia de primera ocupación firmada por el entonces alcalde, Francisco Granero, y ocho años después de que el ayuntamiento le concediera un permiso de construcción.

Los documentos consultados en este documento también muestran que la Junta anuló la licencia en julio de 2002, siete años antes de notificar a los Paynes, mientras que los datos catastrales no incorporaron esa información hasta marzo de 2012.

El caso fue señalado por la asociación de derechos de propiedad de la AUAN la semana pasada debido a la preocupación del gobierno regional de aumentar la presión para derribar la casa.

El caso se hace eco del de Helen y Len Prior, cuya villa en Vera fue demolida a instancias de la Junta en 2008, a pesar de tener toda la documentación del ayuntamiento. La pareja recibió una compensación financiera a principios de este año después de una desgarradora batalla de 10 años cuando los tribunales dictaminaron que habían sido compradores de buena fe.

Pero a pesar de los esfuerzos del consejo para asegurar a la Junta que la casa de los Payne podría ser legalizada mediante la concesión de una AFO – un documento que incluye una propiedad ilegal dentro del régimen de planificación – pareceque el gobierno regional tiene la intención de derribar la casa.

También se ha informado de que la pareja tampoco debería tener derecho a indemnización, ya que no eran compradores de buena fe.

En declaraciones al diario La Voz, la Sra. Payne destacó la ironía de su situación, señalando que las propiedades vecinas no estaban amenazadas porque sus propietarios no se habían molestado en pedir permiso de construcción.

Ella dijo: «Revisamos todo, revisamos las licencias y los permisos. Nos equivocamos al hacerlo. No tiene sentido.»

En un comunicado, la presidenta de la AUAN, Maura Hillen, dijo que nadie podía entender «la determinación» de la Junta de demoler la casa.

Y añadió: «Es claramente inhumano tratar así a estas personas, cuando hay 300.000 casas ilegales en Andalucía, que obviamente son imposibles de demoler, la gran mayoría de las cuales no tienen licencia alguna.

«Parece que quieren repetir la experiencia de los Priores, que causó un gran daño a la sociedad y a la economía de esta zona. No sé qué tipo de mensaje quieren enviar», concluyó.